lunes, 29 de agosto de 2016

Tres años de impunidad por el asesinato de los 3 indígenas tolupanes

En el marco de la comemoración del asesinato de los 3 indígenas tolupanes Maria MATUTE, Armando Funez y Ricardo Soto, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia invita a las jornadas de lucha:
  • El día jueves 25 de agosto realizaremos un plantón y conferencia de prensa en las afueras del ministerio publico de San Pedro Sula, exigiremos cese la venta de nuestro territorio, justicia para 3 Indígenas Tolupanes asesinados en 2013 y respeto al derecho de decidir que tienen las comunidades.
  • El día viernes 26 de agosto realizaremos una movilización con el pueblo indígena Tolupan, el punto de encuentro es alas 9am en las instalaciones del instituto de conservación forestal en el municipio de Yoro.

[Hechos] Qué motiva estas jornadas y breve reseña de la lucha del pueblo tolupán. Continúa la impunidad a 3 años del asesinato de indígenas tolupanes


La tarde del domingo 25 de agosto de 2013 los sicarios Selvin Matute y Carlos Matute, gendarmes privados defensores de los intereses de las empresas mineras que clandestinamente extraen Antimonio en la tribu San Francisco de Locomapa, se dedicaron a disparar contra una manifestación de resistencia tribal que se desarrollaba en el caserío San Francisco Campo, en predios pertenecientes a la tribu tolupan. Las y los indígenas indefensos no opusieron resistencia, pero las balas asesinas acabaron con la vida de tres tolupanes.




Efectivamente, las vidas de María Enriqueta Soto, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto fueron brutalmente arrancadas para siempre. Se trata de tres indígenas tolupanes muy queridos en la tribu San Francisco de Locomapa, dos hombres y una mujer humildes cuyas vidas habían sido entregadas a los oprobios a que década tras década les condenaban los empresarios de la madera que han pasado por la zona con el visto bueno de las autoridades forestales de Honduras.
¿Cuáles fueron las razones de los asesinos para acabar con sus vidas? Negarse a continuar siendo explotados y humillados, negarse a continuar viendo como salen las riquezas naturales de la tribu sin que la población autóctona se beneficie plenamente de lo que es suyo. Por eso callaron sus voces, por eso aniquilaron sus cuerpos; pero sus clamores de justicia retumban en las montañas de San Francisco y en todo el pueblo Tolupán que grita en ellos y desde ellos pidiendo justicia para los más de 100 indígenas tolupanes asesinados sin que haya un solo asesino castigado por la ley.
El 25 de agosto de 2016 asistimos a 3 años de tan vil asesinato y la justicia no acaba de hacerse realidad. Los asesinos continúan en la zona desplazándose por la tribu San Francisco, amenazando y amedrentando a cuanto indígena humilde encuentran en su camino. Los carros cargados de broza de Antimonio continúan saliendo de la tribu y a pesar de que se trata de una explotación clandestina y que los vehículos que la transportan tienen que pasar forzosamente por dos postas policiales, éstas nunca se dan cuenta que se trata de una explotación ilícita que se realiza por mandato de empresarios criminales tan responsables del asesinato de tolupanes como lo son los sicarios Selim Eliezar Fúnez, conocido como Selvin Matute, y Carlos Varela Luque, también conocido como Carlos Matute.
Ante la actitud inoperante de los órganos de justicia de Honduras, más afines con los empresarios mineros y sus asesinos a sueldo antes que con las víctimas, el pueblo Tolupán, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia decidió pedir justicia en instancias de derecho internacional, principalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de Estados Americanos, OEA. Sólo actuando desde esta instancia es que el pueblo Tolupán ha podido avanzar, aunque sea lentamente, en el camino en procura de justicia. Aun así, el Estado de Honduras se muestra incapaz de castigar a los asesinos materiales e intelectuales demostrando que la justicia hondureña no ve por igual a indígenas tolupanes y a los empresarios y sus matones disfrazados de seguridad privada y otros epítetos sinónimos de asesinos con licencia para matar pobres.

Por una justicia que dignifique nuestros mártires

Ante la amenaza inminente de una masacre de mayores proporciones, la CIDH dispuso medidas cautelares en beneficio de 38 miembros de la comunidad indígena Tolupan de San Francisco, Locomapa, dictaminando, además, que 18 miembros de la tribu cumplían con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigida para el otorgamiento de Medidas Cautelares en el marco del asesinato de María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto.
Las medidas cautelares fueron solicitadas el 19 de noviembre del 2013 y, un mes después, el 19 de diciembre la CIDH emitió la resolución MC-416-13 en la cual expresa que los miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en el pueblo Tolupán, se encuentran en situación de gravedad y urgencia y dispuso al Estado de Honduras que:
A) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de 18 miembros del MADJ y sus familiares; B) concierne las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y C) que el Estado informe sobre acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares y así evitar la repetición de los mismos.
Ante la inoperancia y displicencia del Estado de Honduras, el MADJ informó a la CIDH el 15 de enero de 2014 la ausencia total de las acciones de parte del Estado para el cumplimiento de las mismas. Es así como el 16 de febrero de 2014, se les notifico de parte del MADJ tanto a la Procuraduría General de la Republica, Jefatura de Policía Nacional, Comisionado Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía Local de Yoro, que el 22 de febrero retornarían a sus comunidades parte de los beneficiarios, quienes habían tenido que migrar forzosamente después de la masacre del 25 de agosto 2013. Luego, tras el retorno de los compañeros, se firmó un acta en la que el Estado se comprometió a dar cumplimiento a las medidas ordenadas por la CIDH. Así mismo, se le ratificó que el hecho de firmar un acta no implicaba la implementación de las medidas si no se traducen en acciones orientadas a garantizar la vida e integridad de los beneficiarios.
Para el 18 de mayo de 2014 se programó una reunión de seguimiento a las medidas, la cual no se realizó porque desde la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad no hubo representantes asistentes a la misma. El 24 de abril en su informe el Estado presuntamente da respuesta a los requerimientos de la resolución de la CIDH de diciembre 2013, aduciendo que se “han realizado las coordinaciones y diligencias necesarias” a través de la Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad efecto de realizar el 22 de febrero de 2014 una gira con el carácter “con urgente” a la zona de Locomapa.
El MADJ en acción conjunta y solidaria con CEJIL dio respuesta a la CIDH de este informe del Estado, el cual fue portador de una serie de preocupaciones porque que el Estado de Honduras diera respuesta a la resolución que ordena las medidas cautelares dos meses después que se venciera el plazo para tal efecto. Es más, el Estado acepta que anteriormente no se habían consensuado ni implementado dichas medidas.
También, se reafirma que las gestiones emprendidas para darle cumplimiento al mandato de la CIDH fueron impulsadas de parte de los y las beneficiarias y representantes, organizando un evento público que convocó a distintas organizaciones de sociedad civil y autoridades estatales.
El 29 de mayo de 2014, el MADJ remitió a la Secretaría Seguridad una nota informando sobre el incremento de vulnerabilidad de las vidas y demás derechos fundamentales de los beneficiarios después del retorno 22 de febrero de los compañeros exiliados. A la vez se le recordó del compromiso que el Estado asumió en el evento público de respetar y garantizar la vida y los derechos de los beneficiarios, además demandamos mediante esa misiva el cumplimiento al mandato de la CIDH.
El 25 de julio de 2014, el MADJ se dirige nuevamente a la Secretaría de Seguridad del Estado, para recordar el incumplimiento de las medidas y especialmente a los compromisos adquiridos en las comunidades de Locomapa, que nunca fueron cumplidos y a la vez reclamar la complicidad de varios funcionarios públicos de la región con los asesinos del 25 de agosto de 2013.
El 13 de agosto de 2014 esta representación solicitó ante la CIDH un espacio de reunión en el marco del 153 periodo ordinario de sesiones de la comisión, mismo que se llevó a cabo del 25 de octubre al 7 de noviembre de ese año en Honduras. En el marco de esta visita de la Comisión Interamericana a Honduras, estuvimos en la reunión del 3 de diciembre en San Pedro Sula, donde se le expuso la situación de riesgo y vulnerabilidad de las personas beneficiarias de tales medidas, notificando además que a pesar de estar plenamente identificados los responsables del triple asesinato en 2013 el Estado es incapaz en hacer efectivas las ordenes de captura.
El 6 de enero de 2015, el MADJ solicitó nuevamente una reunión de trabajo con la CIDH en la que estuviera el Estado de Honduras durante su período de sesiones a realizarse del 16 al 20 de marzo del mismo año, con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo en el cual el Estado asumiera fehacientemente el compromiso de implementar las medidas de protección de las personas beneficiarias.
El 5 de abril de 2015, fue asesinado Luis de reyes Marcia, esposo de la beneficiaria Consuelo Soto, lo que condujo al MADJ a dirigirse nuevamente a la CIDH, reiterándole la urgente necesidad de que el Estado de Honduras asuma de manera inmediata, su obligación de proteger la vida y la integridad de los beneficiarios y de investigar, capturar, procesar sancionar a los presuntos responsables de la totalidad de los hechos que originaron las medidas. El 15 de abril se solicitó de manera urgente reunión con la abogada Sagrario Prudott, representante de la Secretaría de Seguridad para el 18 de mayo de 2015, con el propósito de consensuar y lograr la implementación de mecanismos de seguridad que garanticen a los beneficiarios sus derechos humanos. Pero resulta que a pesar de tratarse de una situación con carácter de urgencia y haber realizado las comunicaciones necesarias para lograr coordinar dicha reunión, la Secretaría de Seguridad no asistió a la misma.
El 26 de mayo de 2015, el MADJ presentó información adicional a la CIDH sobre el atentado que sufrió la beneficiaria Consuelo Soto el 22 del mismo mes, después de haber brindado declaraciones en el Ministerio Público con el fin de coadyuvar en la investigación del asesinato a su compañero de hogar.
El 22 de junio de 2015, se presentó información adicional a la CIDH sobre el asesinato del señor Erasimo Vieda el 18 de junio, que anteriormente había sido amenazado por los presuntos asesinos de Luis de Reyes, hecho producido a raíz del trabajo de delimitar el territorio del título ancestral.
El 23 de julio de 2015, se presentó a la CIDH las observaciones del MADJ al informe del Estado de Honduras en fecha 1 de julio de 2015 y a la vez se presentó información adicional relacionada a la situación de riesgo que enfrentan los beneficiarios de las medidas, asimismo, informar a la CIDH sobre la huelga de hambre que varios beneficiarios iniciaron frente a la casa presidencial el 30 de junio.
El 30 de septiembre de 2015, presentamos nuestras observaciones ante la CIDH de los informes del Estado de fechas 27 y 31 de agosto del mismo año, así como para informar sobre nuevos hechos relacionados con la situación de riesgo que viven en la zona los beneficiarios.
En el marco del 154 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2015, el MADJ participó nuevamente expresando preocupación ante la falta de una eficaz implementación de las Medidas Cautelares.
El 9 de mayo de 2016 el MADJ presenta sus observaciones al informe del Estado de Honduras de fecha 16 de marzo. Se manifestó como incoherencia de parte del Estado de Honduras de la relevancia de la reunión de monitoreo de las medidas el 1 de septiembre de 2015, aun a pesar de que esta representación en fechas posteriores haya aportado información actualizada sobre el estado actual de las medidas.
El 6 de julio de 2016 el MADJ presenta sus observaciones al más reciente informe del Estado de Honduras, de fecha 27 de abril de 2016, manifestando la preocupación de que el Estado no aporta información relevante para el esclarecimiento de los hechos que provocaron la adopción de las Medidas Cautelares.

La sed de justicia mueve a la lucha inclaudicable al pueblo Tolupán

Estos datos anteriores dejan al descubierto el historial de lentitud con que actúa el Estado de Honduras y sus organismos procuradores de justicia cuando se trata de dignificar las víctimas caídas por la acción de manos asesinas pagadas por empresarios corruptos. Lo poco que se ha podido avanzar se ha debido al involucramiento de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y, aun así, el Estado de Honduras muestra su negligencia, inoperancia e ineficacia en sus acciones.
Se demuestra que en estos 3 años transcurridos no sólo no se ha castigado a los asesinos de tolupanes de Locomapa sino que, más bien, se continúa asesinando indígenas, como aconteció el 5 de abril de 2015 con el asesinato de Luis de Reyes Marcía, el asesinato de Erásimo Vieda que tuvo lugar el 18 de junio de 2015 y el atentado criminal contra la indígena Consuelo Soto del que por suerte logró salir ilesa el 26 de mayo de 2015.
A 3 años de lucha inclaudicable y de todo tipo de acciones judiciales realizadas por el MADJ y el pueblo Tolupán se concluye que la justicia no acaba de llegar al pueblo Tolupán, no hay dignificación póstuma de los mártires, no existe resarcimiento de daños y perjuicios para los familiares de las víctimas, al mismo tiempo que el saqueo de los bienes naturales tribales continúa imparable a la vista de los controladores policiales del trasiego de este tipo de bienes.
A 3 años de esta vil masacre de tolupanes el MADJ denuncia nacional e internacionalmente al gobierno de Honduras como ente exterminador de pueblos originarios actuando en contubernio con empresarios locales y transnacionales entre los tolupanes y demás pueblos originarios a nivel nacional. Se denuncia la actitud complaciente de la Fiscalía Especial del Ambiente y del Ministerio del Ambiente, solapando a los empresarios mineros que de forma clandestina y sin cumplir las exigencias de la Ley General del Ambiente mantienen en explotación permanente los yacimientos de Antimonio en la tribu San Francisco de Locomapa.
Ante el sagrado panteón de los más de 100 mártires indígenas asesinados en las 31 tribus tolupanas y con ocasión del tercer aniversario del asesinato de nuestros hermanos y hermana indígenas de Locomapa, el MADJ convertido en sangre Tolupán derramada por hacer prevalecer la dignidad y la justicia en contra del saqueo y la corrupción, se compromete a luchar incansablemente hasta que sea saciada la sed de justicia del pueblo Tolupán yla dignidad se convierta en balandrán radiante como el sol que cobije a este pueblo que con dignidad y respeto es un pueblo hondureño porque es un genuino pueblo Tolupán.
Con Cicumba y con Enriqueta, con Armando y con Ricardo, con Luis Soto y con Vicente el compañero mártir presidente, el pueblo Tolupán camina ¡hasta la victoria, siempre!
¡Justicia para el pueblo Tolupán!
TERCER ANIVERSARIO MARTIRIAL Y HEROICO

CARTA A BERTA CACERES, MI MAMI...


Hace seis meses estaba viajando de México a Honduras con gran premura, el tiempo se había ralentizado. Tenía que encontrarme con Laura y Salva para poder despedirnos de sus manos y ojos.
La noticia de su asesinato tenía sentido. Días antes de eso estábamos escribiendo juntas el comunicado para denunciar la reactivación al otro lado del río Gualcarque del proyecto Agua Zarca. Le apostábamos a pararlo a través de la denuncia del papel cómplice de los bancos financiadores, eso sí, entendiendo que no había ninguna intención de hacerlo y conociendo la agresividad con la que opera DESA.
Nunca pude creer que usted no estaba, nunca lloré con dolor consumado, lloré de indignación de cómo el mundo había permitido su muerte, de qué seres perversos se habían atrevido a flagelar su cuerpo con balas, de saber que ya no tendría su voz.
Me dio miedo saber lo bien usted nos había preparado para esta noticia, de su confianza en que cuando su voz no estuviera iban a estar las nuestras, las miles para hablar por usted, para seguir gritando lo que siempre gritó: Justicia.
Buscar la justicia ha sido un camino tortuoso, de silencio, pero también un camino lleno de muchos brazos, manos y corazones que no dejarán que Berta Cáceres muera tan impunemente.
A seis meses nos indigna saber que seguimos pidiendo la participación de un Grupo Independiente de Investigación que nos permita saber la verdad de su crimen y que el gobierno golpista y dictatorial de “JOH” siga ignorando nuestra petición.
Nos indigna saber que DESA-Agua Zarca no tiene intensiones de parar el proyecto, que manda a su ingeniera Elsia Paz a los canales más grandes de Honduras para “blanquear” el nombre de la empresa.
Nos indigna el que los bancos como FMO no tienen intensiones de parar el financiamiento a ese proyecto de muerte y saber que siempre supieron lo que estaba pasando, que nunca les importó ni les importa lo que hemos padecido por culpa de su actitud colonialista y su dinero bañado en sangre.
Nos indigna ver la ineptitud de la institucionalidad hondureña en un “caso de prioridad nacional”.
Ahora frecuento una de sus canciones favoritas y me cala el corazón “… y aunque la noche se instala vuelve la luna, vuelve el amor”, ése era uno de sus principios. Usted vivió todas las adversidades posibles y nunca se detuvo y siempre sonrió, se llenó de satisfacción luchando hombro a hombro con su pueblo, haciendo revoluciones en su casa y en las calles.
Y ahora es lo que hacemos: Sonreír y luchar como guerreras, sin perder nunca la esperanza.
Hace seis meses supe que mis brazos, mis manos y mi voz también eran suyos. Hace seis meses le declaré la guerra a la muerte. A seis meses miles de voces han gritado: “Justicia para Berta”
Ese tres de marzo la perdí y me gané un montón de tías y tíos, de hermanos y hermanas.
Seguiremos luchando por usted con sus valores, con su fuerza, con su alegría, sin miedo: a Berta Cáceres no se la asesina.
A mí mami no la mataron y se jodieron los asesinos que querían matarla porque ella está acá, porque ella vive en cada uno y una de nosotras, que mientras sigamos luchando contra esa represa asesina, contra las represas, contra la privatización de los bosques y el oxígeno nosotros vamos a seguir de pie, nosotras vamos a seguir de pie y ahí va a vivir mi mami, ahí va a vivir Berta Cáceres.
Desde el amor cómplice de siempre: Cumpliremos, es una promesa.
¡Hasta la Victoria Siempre, Mami!
Bertha Zúniga Cáceres

viernes, 26 de agosto de 2016

¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!

La imagen puede contener: 1 persona Las compañeras Gabriela Díaz y Karen Mejía son feministas y defensoras de derechos humanos ampliamente conocidas en nuestro país, pero las autoridades de la Secretaría de Seguridad, además de detenerlas ilegalmente por varias horas, las ha expuesto ante la sociedad hondureña como delincuentes.




Esa estigmatización no es casual, Honduras fue calificado como uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos, en un comunicado conjunto publicado recientemente por los relatores Especiales de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst y José Orozco Henríquez.
Nuestras compañeras fueron detenidas ilegalmente por policías municipales y nacionales, expuestas de forma irresponsable a medios de comunicación y violentados sus derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, en un confuso incidente ocurrido en Tegucigalpa la noche del 25 de agosto, a minutos de que participaran en un encuentro con el Relator de la ONU.

La liberación inmediata de nuestras compañeras, fue posible por la oportuna activación de nuestras redes de protección, y la respuesta oficial, en lugar de activar los mecanismos de protección, fue el descrédito y estigmatización de ellas y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Todo esto sucedió en un creciente contexto de militarización del país, en el que se violenta la dignidad de las personas y se coloca en condición de alta vulnerabilidad, la defensoría de derechos humanos, mientras la población en general es víctima de todo tipo de abusos, en circunstancias similares.

Las organizaciones abajo firmantes, nos solidarizamos activamente con nuestras compañeras, condenamos el abuso del que fueron víctimas, responsabilizamos al Estado de Honduras por su seguridad y reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar el desafío de seguir en la defensa de los derechos humanos para construir una sociedad donde se respete la dignidad humana.

Tegucigalpa, 26 de agosto de 2016.

Centro de Derechos de Mujeres
Red de Mujeres Jóvenes Feministas
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos
Comité por la Libre Expresión
Centro de Estudios de la Mujer – Honduras
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla
Foro de Mujeres por la Vida
CATTRACHAS
Colectiva Matria
Entre Pueblos
Red contra la Violencia de Choluteca
Red de Mujeres Mariposas Libres
Red Departamental de Mujeres de Santa Bárbara
Coalición contra la Impunidad
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
JASS Asociadas por lo Justo
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Familia Franciscana de Honduras
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF)
Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS)
Asociación de Jóvenes en Movimiento (AJEM)
Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH)
Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA)
Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA)
Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y Sida (CEPRES)
Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)
Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras
Grupo de Sociedad Civil (GSC)
Frente Amplio –COPEMH
Asociación LGTB ARCOIRIS de Honduras
CIPRODEH
OCDIH
Caritas San Pedro Sula
Red de Mujeres Rurales
FIAN Honduras
CESPAD
COIPRODEN
FONAMIH

LA SED DE JUSTICIA MUEVE A LA LUCHA INCLAUDICABLE AL PUEBLO TOLUPÁN

Estos datos anteriores dejan al descubierto el historial de lentitud con que actúa el Estado de Honduras y sus organismos procuradores de justicia cuando se trata de dignificar las víctimas caídas por la acción de manos asesinas pagadas por empresarios corruptos. Lo poco que se ha podido avanzar se ha debido al involucramiento de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y, aun así, el Estado de Honduras muestra su negligencia, inoperancia e ineficacia en sus acciones.
 
La imagen puede contener: 3 personas , texto Se demuestra que en estos 3 años transcurridos no sólo no se ha castigado a los asesinos de tolupanes de Locomapa sino que, más bien, se continúa asesinando indígenas, como aconteció el 5 de abril de 2015 con el asesinato de Luis de Reyes Marcía, el asesinato de Erásimo Vieda que tuvo lugar el 18 de junio de 2015 y el atentado criminal contra la indígena Consuelo Soto del que por suerte logró salir ilesa el 26 de mayo de 2015.

A 3 años de lucha inclaudicable y de todo tipo de acciones judiciales realizadas por el MADJ y el pueblo Tolupán se concluye que la justicia no acaba de llegar al pueblo Tolupán, no hay dignificación póstuma de los mártires, no existe resarcimiento de daños y perjuicios para los familiares de las víctimas, al mismo tiempo que el saqueo de los bienes naturales tribales continúa imparable a la vista de los controladores policiales del trasiego de este tipo de bienes.
A 3 años de esta vil masacre de tolupanes el MADJ denuncia nacional e internacionalmente al gobierno de Honduras como ente exterminador de pueblos originarios actuando en contubernio con empresarios locales y transnacionales entre los tolupanes y demás pueblos originarios a nivel nacional. Se denuncia la actitud complaciente de la Fiscalía Especial del Ambiente y del Ministerio del Ambiente, solapando a los empresarios mineros que de forma clandestina y sin cumplir las exigencias de la Ley General del Ambiente mantienen en explotación permanente los yacimientos de Antimonio en la tribu San Francisco de Locomapa.

Ante el sagrado panteón de los más de 100 mártires indígenas asesinados en las 31 tribus tolupanas y con ocasión del tercer aniversario del asesinato de nuestros hermanos y hermana indígenas de Locomapa, el MADJ convertido en sangre Tolupán derramada por hacer prevalecer la dignidad y la justicia en contra del saqueo y la corrupción, se compromete a luchar incansablemente hasta que sea saciada la sed de justicia del pueblo Tolupán y la dignidad se convierta en balandrán radiante como el sol que cobije a este pueblo que con dignidad y respeto es un pueblo hondureño porque es un genuino pueblo Tolupán.

Con Cicumba y con Enriqueta, con Armando y con Ricardo, con Luis Soto y con Vicente el compañero mártir presidente, el pueblo Tolupán camina ¡hasta la victoria, siempre!

¡Justicia para el pueblo Tolupán!
TERCER ANIVERSARIO MARTIRIAL Y HEROICO

DETENCIÓN ILEGAL A DEFENSORAS

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos comunica a la comunidad nacional e internacional:

Hace unos momentos las defensoras Gabriela Díaz y Karen Mejía acaban de ser detenidas por la Policía Nacional, en la colonia La Olla de Tegucigalpa.

Uno de los miembros de la Policía Nacional que se transportaba en la patrulla MI114 les dijo a los periodistas que se encontraban en ese momento que filmaran los rostros de las defensoras para que lo difundieran en la televisión
Los oficiales Obando y Galeas acaban de agredir a la Periodista Sandra Maribel Sánchez y el abogado Edy Tabora, ambos defensores de nuestras compañeras detenidas ilegalmente.

Ambas defensoras estan siendo transportadas al CORE 7 en la patrulla MI037.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a estar pendientes de la seguridad de nuestras compañeras.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de agosto de 2016

 pendientes de la seguridad de nuestras compañeras.


Eliminar

miércoles, 24 de agosto de 2016

La farsa del “acuerdo” de Barro Blanco y la intervención colonialista del PNUD en Panamá

Sambo Creek, agosto de 2016.- El día de ayer se llevó a efecto uno de los más bochornosos actos de neocolonialismo perpetrado en América Latina en los últimos años. La administración de Juan Carlos Varela firmó con la cuestionada Cacique Silvia Carrera un supuesto acuerdo en relación a la hidroeléctrica de Barro Blanco.

La concesión del río Tabasará para la construcción de la Represa Hidroeléctrica Barro Blanco se remonta al año 2006, durante la administración de Martín Torrijos, sin que se hubiera dado una verdadera consulta previa con las comunidades  de la Comarca Ngabe-Buglé donde se encuentra el río que sería afectado. La Concesión fue otorgada a la empresa Generadora del Istmo SA (GENISA), propiedad de la familia Kafie, asentada en Honduras y cómplice en el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).

El proyecto fue financiado por el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) y el holandés FMO, ademas del Banco alemán DGE. Con el arribo de Martinelli al poder, la empresa GENISA logró que se incrementara a capacidad de producción en un 52% pasando de 19 megavatios a 28.8%.
Para febrero del año 2011 se inicio la construcción de la represa. En el mes de junio del mismo año los Mecanismos de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas  aprobó la propuesta de financiamiento de carbono. En julio de 2013, el Relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, James Anaya, efectuó una visita in situ y concluyó  en su reporte que no se había efectuado una Consulta, Previa, Libre e Informada. En abril de 2014 la cacique Silvia Carrera sometió una queja al panel independiente de los Bancos DEG y FMO el que determino que las entidades bancarias no se apegaron al cumplimento de  estándares, a los cuales se habían comprometido.

Con la llegada de la administración de Juan Carlos Varela se inicio una estrecha relación entre la cacique Carrera y el poder ejecutivo, cimentada por el nombramiento del hijo de la cacique como embajadora de Panamá en Bolivia.

El 24 de mayo del presente año se dio inicio a la inundación de la aldea Kiad, lugar sagrado para los indígenas Ngäbe Buglé, donde en medio del río Tabasará se encuentran ubicados una serie petroglifos considerados sagrados. Las protestas arreciaron y se suspendió el llenado del embalse el 9 de junio hasta no obtener un acuerdo.

El “acuerdo” obtenido entre la administración Varela y la cacique Carrera ha sido cuestionado por buena parte del pueblo Ngäbe Buglé, los que el día de ayer reaccionaron enardecidos ante el engaño perpetrado. Varela prometió durante su campaña política para presidente suspender la construcción de Barro Blanco, pero parece ser que sufre una amnesia producto de las ínfulas de poder.

En un programa del canal de noticias de TVN de Panamá trasmitido el día de ayer, aparece el Vicepresidente Saint Malo de Alvarado acompañada del español Martín Santiago, representante del PNUD en ese país. La Sain Malo como era de esperar, efectúo una apología al “acuerdo” y minimizó la furia con que reaccionaron los indígenas que habían sido convocados. Mientras el español señaló que “Y pierdo un poquito la neutralidad de Naciones Unidas”, agregando además “Este es un referente para Panamá y para la comunidad internacional (..), porque los intereses particulares no han podido pasar por encima del bien público, y sobretodo que una minoría no puede imponer sus intereses ante una gran mayoría que quiere otras realidades frente a los intereses del país”.

Los hechos acontecidos en Panamá demuestran la existencia de una ofensiva de parte de los estados-nación, organismos financieros y el PNUD entre otros, los cuales violentan el concepto de autonomía de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa, tal como lo establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en aras de un supuesto desarrollo sostenible, concepto que se ha convertido en una excusa para el saqueo de los territorios de los pueblos indígenas y la destrucción de las culturas.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
 

miércoles, 17 de agosto de 2016

Ley de Consulta promovida por ONUREDD y el Estado de Honduras viola el Convenio 169 de la OIT  
 
 

Sambo Creek 17 de agosto de 2016.- En Honduras hasta la fecha los pueblos indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una política de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones a los derechos; entre otras el doloroso asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, acontecido hace casi seis meses, sin que hasta la fecha se haya develado los nombres de los autores intelectuales del macabro crimen.

El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en el año de 1995, sin que posteriormente adaptara las leyes nacionales al Convenio como lo sugiere el espíritu de la Convención de Viena sobre tratados(1969). Es más, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promovió una Ley indígena que todavía se encuentra en salmuera en el Congreso Nacional, con la cual el Estado de Honduras y el BID pretendieron diluir el Convenio 169 y convertirlo en una ley secundaría plagada de falencias.

Después de 21 años de la ratificación del Convenio 169, el Estado, apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pretenden imponer una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), la cual desconoce la voluntad de los pueblos. Con el agravante  que  en su artículo 20  señala como la decisión final recae en el Estado, desconociendo de esta forma la condición de Consulta Libre.

Desde el año 2013 es cuando el Programa REDD requiere de la existencia de una Ley de Consulta para poder cumplir con los preceptos estipulados de las Salvaguardas de sus proyectos. Desde ese momento el PNUD asume la promoción de la creación de una Ley de Consulta, apoyando a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la que socializó su borrador en la ciudad de La Ceiba en febrero de 2015. Posteriormente DINAFROH creó su propio anteproyecto de ley, mientras el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras introdujo al Congreso Nacional su versión de Ley de Consulta la que fue elaborado por los pueblos en una serie de talleres comunitarios. Como sorpresa final, el actual gobierno introdujo este año su versión de Ley, la que fue elaborada a puertas cerradas, y definitivamente redactada para defender los intereses del Estado, transnacionales y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

El Estado de Honduras en las últimas dos décadas ha tergiversado en múltiples ocasiones la Consulta convirtiéndola en una simple socialización, y es precisamente lo que pretende a través de una serie de reuniones “comunitarias’ con el pueblo Garífuna, las cuales inicia el día de hoy en la comunidad de Corozal, la que a través de su Patronato señaló que no fue consultada para la realización de dicha reunión.

En muchas ocasiones las instancias estatales utilizan prebendas o promesas de proyectos para obtener el beneplácito de  los supuestos líderes comunitarios, siendo esta técnica utilizada con mucha frecuencia en Honduras. Al mismo tiempo que se distorsiona la representatividad utilizando grupúsculos para dividir las posiciones asumidas por los pueblos.

Después del golpe de estado del año 2009, se aprobaron una serie de leyes a matacaballo, totalmente nocivas para los pueblos indígenas: desde la Ley de Aguas, Forestal, Pesca, RED y posteriormente la ZEDE, además de la entrega de la plataforma continental en la Moskita a BG-SHEL. Tanto DINAFROH como la CONPAH se sumieron al silencio al respecto. De ahí que concederles el beneficio de la duda, a las posibles “buenas intenciones” que albergue el anteproyecto de Ley introducido por el Estado al Congreso Nacional, es inaudito  y mucho más cuando CONPAH y DINAFROH elaboraron sus propias  versiones de la Ley de Consulta, las que aparentemente fueron soterradas en aras de los "intereses" del Estado.

DINAFROH -ente estatal creado después del golpe de estado- viene efectuando una socialización de la versión de ley fabricada por le Estado, a la que denomina consulta. Dicha versión de ley es adecuada para los intereses del Programa REDD, el que en Africa, con el pueblo Sengwer ha demostrado su esencia neocolonialista.

La defensa de la obsoleta soberanía westfaliana que ha esgrimido el Estado en los casos de las comunidades Garífunas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), demuestra su desconocimiento de la autodeterminación de los pueblos. El estado de Honduras fue condenado por la Corte IDH en las sentencias sobre las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, en relación a la violación del Derecho a la Consulta Previa. La farsa que está promoviendo el Estado y el PNUD no se ciñe a los estándares internacionalista en materia de derecho indígena y mucho menoso se apega al Ius Cogens.

Organizacion Fraterna Negra Hondureña, OFRANEH

lunes, 15 de agosto de 2016

Honduras Banco Mundial, nuevas salvaguardas y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas



Consulta garífuna Ley de Propiedad

Sambo Creek, agosto de 2016.- En la actualidad Los pueblos indígenas del planeta padecemos una ofensiva territorial promovida por empresas transnacionales aliadas a organismos financieros y estados nación. En fecha reciente el Banco Mundial (BM)  emitió sus nueva salvaguardas, las que implican un enorme retroceso en materia de derechos humanos, especialmente para los pueblos indígenas.

Entre los retroceso de las salvaguardas del BM se encuentra el requerimiento de “apoyo colectivo”  como un requisito  del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI). Es decir que ante cualquier grupo disidente entre un pueblo que de apoyo a los proyecto financiados por el BM, eso permitirá que se le conceda luz verde a las iniciativas. En el  caso de Honduras, históricamente el estado ha utilizado a organizaciones y grupúsculos adeptos a sus planes de desarrollo  a cambio de dádivas.

Los proyectos de resentimiento desaparecen de las nuevas salvaguardas, dando lugar a  un enorme retroceso que puede conducir a masacres, tal como la que sucedió con la represa del Chixoy en Guatemala en la década de los años 80, cuando más 440 indígenas Achi fueron asesinados por el ejercito de ese país por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica.


Un estudio presentado el año pasado por el ICIJ señaló el desplazamiento involuntario de mas de 3,5 millones de indígenas, como resultado de la implementación de proyectos del Banco Mundial, pueblos como los Anuak en Etiopia han visto han padecido el desplazamiento de mas de 2 millones de indígenas, al igual la expulsión del pueblo Sengwer en Kenia para la implementación de un proyecto Reducción de las Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD).

A partir del año 2005 se dio el cambio de la operativa 4.20 a la 4.10, acción con la cual se degradó la protección de los pueblos indígenas. Nuestra organización se pronunció en el 2005 en contra del cambio de “políticas diereccionales” nombre con el cual se le conocía en aquel entonces las salvaguardas.

La nueva política de salvaguardas, da la posibilidad  a los estados-nación de aplicarlas de forma  optativa. Ante la presión de algunos estado africanos que desconocen la condición de pueblos indígenas a sus poblaciones, el BM  concluyó que la decisión final recae en los estados. El resultados será atroz, ya que buena parte de los denominados proyectos de “desarrollo’ en Africa lesionan los intereses territoriales y culturales de los pueblos indígenas de ese continente.

Tanto el Panel de Inspección del Banco Mundial y el  CAO (Compliance Advisor Ombudsman) pasarán a ser figuras decorativas, ante la ambigüedad de las salvaguardas y el desconocimiento de los estados-nación de sus pueblos indígenas. Existe el nefasto precedente  de la exención sobre la condición de pueblo indígena efectuada por el BM en Tanzania en relación a los Masai, situación que permitió un empréstito  de us $70 millones  para un agronegocio que construirá una represa .

En  Honduras, en el año 2003, la administración nacionalista de Ricardo Maduro a instancias del Banco Mundial elaboró el anteproyecto de ley conocido como “Ley para la Reducción de la Pobreza mediante la Normalización de la Propiedad Predial y las Actividades Económicas”, posteriormente conocido como la Ley de Propiedad.

La OFRANEH exigió una consulta ante la importancia que representaba dicha ley para el futuro de nuestro pueblo. La consulta se efectuó el 25 y 26 de octubre del año 2003, en la comunidad de San Juan Tela, con la asistencia de 109 delegados comunitarios los que de forma enfática  rechazaron las dos versiones de anteproyectos presentados por los representantes del estado, ante la amenaza que implicaban ciertos artículos en relación al peligro de diluir la propiedad comunitaria.

El caso de la Ley de Propiedad fue llevado  a inicios del 2006 al Panel de Inspección del BM,  y en el 2007 el Panel emitió un informe donde señaló que el estado de Honduras había violado el Convenio 169 de la OIT. La Ley continúa vigente, y la propiedad comunitaria Garífuna viene siendo diluida utilizando el artículo 100 de la Ley de Propiedad.

Los pueblos indígenas en Honduras observamos como la ofensiva neoliberal coloca a nuestros territorios en manos de empresas transnacionales y programas de Naciones Unidas tales como los Mecanismo de desarrollo Limpio (MLD) y los REDD, sin tener en cuenta nuestros derechos. Al  mismo tiempo el Banco Mundial con su Ley de Propiedad y el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH) asumen la destrucción de los derechos colectivos.

El retroceso  del Banco Mundial en sus operativas se convierte en una mega amenaza para los pueblos indígenas y su sobrevivencia.

Organización Fraternal Negra Hondureña. OFRANEH

miércoles, 27 de julio de 2016

El informe del estado de Honduras a la OIT, hidrocarburos y la distorsión del Derecho a la Consulta Previa.

Sambo creek, 27 de julio de 2016.-
 
 En el marco de la 105 .a Asamblea de la OIT, efectuada a inicios del mes de junio del presente año, en la ciudad de Ginebra Suiza, el estado de Honduras una vez más maquilló la deplorable situación de los pueblos indígenas, a través de un informe plagado de falacias, con las cuales pretendió diluir los grave señalamientos sobre las múltiples violaciones al Convenio 169 de la OIT. 
 
El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres sirvió de catalizador, en referencia a las incontables denuncias presentadas por los pueblos indígenas, ante la violencia imperante y la imposición de proyectos de supuesto desarrollo, además de la distorsión del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la cual es vital para la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciada.

En el Informe  de la Aplicación de Normas de la OIT  se encuentran registras las participaciones del estado de Honduras y de representantes de los sindicatos que expusieron sus ponencias. En esta nota nos referiremos especialemtne a la versión de la farsa del estado de Honduras en relación a la consulta sobre los hidrocarburos en la Moskitia.

En el informe estatal señala que “en la zona marítima de la Mosquitia, a efecto de realizar el proceso de exploración de hidrocarburos, se adoptó un proceso de consulta durante el período comprendido de septiembre a noviembre de 2013; se realizaron diez (10) asambleas de consultacon los consejos territoriales de la Mosquitia”.

Sí bien la supuesta consulta con el pueblo Miskito se efectuó a partir de septiembre, el Congreso Nacional aprobó a matacaballo el 21 de mayo de 2013, en un sola sesión el contrato con la empresa British Gas (BG). De forma  previa el Consejo de Ministros aprobó el contrato el 9 de Abril, el que según el cuestionado ex ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), el Señor Rigoberto Cuellar, se otorgaba 35,246 kms2 a la empresa británica para la exploración y posterior explotación da la plataforma marítima en la Miskitia.

El estado de Honduras violó el Convenio 169 de la OIT y la Declaración  de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), instrumentos legales firmados y ratificados por Honduras, los que obligan a  efectuar una consulta previa para la obtención del consentimiento, antes tomar medidas legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas.

El pueblo hondureño conoció las pretensiones de BG a través de un programa de televisión transmitido el 25 de octubre de 2012, en el cual concurrió el señor Roberto Cáceres -actual director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos- él que en aquel entonces fungía como asesor presidencial en materia de hidrocarburos.

La OFRANEH fue contactada a través de un nota enviada  el 5 de agosto de 2013 por un funcionario de SERNA, en la cual se refiere a “coordinar las acciones correspondientes a este proceso de socialización o consulta” . No es la primera vez que las autoridades de SERNA confunden socialización con consulta, demostrando una habitual ignorancia supina, especialmente en relación a los derechos de los pueblos indígenas.

El estado de Honduras acompañado por BG efectuaron una serie de socializaciones en las comunidades Mikistas en el mes de septiembre, en las cuales las comunidades demostraron  su repudio a la socialización, ya que el contrato había sido firmado seis meses atrás.

El informe presentado ante la OIT indica además que “Esta practica de consulta previa, libre e informada se  implemento desde el 2011; inicialmente se aplicó a proyectos hidroeléctricos localizados en la zona indígena Lenca del país”. Cabe señalar que el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres está relacionado precisamente con el rechazo presentado por el pueblo Lenca en relación a la construcción de represa de Agua Zarca, donde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) efectuó varias consultas en relación a las diversas hidroeléctricas, cuyos resultados fueron ignorados por el estado.
Posterior a la reunión en Ginebra, funcionarios estatales procedieron a diluir las acusaciones presentadas en contra de Honduras en la OIT, haciendo alarde de haber obtenido un gran logro  ante la OIT, ademas de indicar que se encuentran en el proceso de elaboración de una Ley de Consulta, 21 años después de haber ratificado el Convenio 169. Aducen entre otras  la existencia de una “mesa técnica interinstitucional del Convenio núm. 169, integrada por 19 instituciones del Gobierno para la elaboración, ejecución y seguimiento del instrumento legal de consulta”.

Sin embargo el estado de forma deliberada ha excluido al COPINH y la OFRANEH, organizaciones indígenas que hemos venido defendiendo los derechos territoriales y culturales de nuestros pueblos.  Durante años hemos señalado las inconsistencias del programa de Reducción de las Emanaciones Y Degradación del Bosque (REDD, por sus siglas en inglés) -promovido por  Naciones Unidas y el Banco Mundial- especialmente los abusos que se puedan dar a través del artículo 100 de la Ley de Propiedad (creada por el Banco Mundial). Naciones Unidas  viene promoviendo desde hace tres años la adopción de una Ley de Consulta para así poder implementar los supuesto proyecto de protección del bosque, que en otras latitudes del planeta no han sido más que una estrategia de despojos de los territorio indígenas.

El Observatorio de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODPINH) elaboró un anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) el que fue presentado en el mes de mayo del presente año al Congreso Nacional por el diputado Rafael Alegría. Mientras tanto, el estado presentó una versión de Ley de Consulta que la convierte una simple socialización para la obtención de reparaciones más que de un consenso. Desafortunadamente la versión estatal es la que viene socializando la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) con el acompañamiento de Naciones Unidas

A partir del golpe de estado del 2009 se ha venido dando una avalancha legislativa, de corte neoliberal, en la cual de las leyes emitidas afectan a los pueblos indígenas, sin haber sido consultados. La Ley de Aguas, Minería, Forestal, Pesca, RED y posterior ZEDE, son entre otras más, una hecatombe para nuestros pueblos, los que cada día corremos aún más el peligro de perder nuestros territorios.

Una vez más insistimos en la urgencia de dotar a los pueblos indígenas de Honduras de instrumentos jurídicos que se ciñan a los Convenios y Declaraciones internacionales ratificados por el estado de Honduras. Ademas del imperativo de emitir una Ley de Consulta Previa destinada a defender los intereses de los pueblos y no a un estado vinculado a empresas extractivas y programas neocolonialistas.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

martes, 26 de julio de 2016

La UNAH, territorio recuperado por la voz del Movimiento Estudiantil Universitario.



 “No existe, en realidad, arte por el arte, ni arte que esté por encima de las clases, ni arte que se desarrolle al margen de la política o sea independiente de ella” Mao Tse-tung
Carolina Torres

La forma de la lucha estudiantil en Honduras como en Latinoamérica se ha destacado por ser una expresión de rebeldía, alegría, combatividad y arte; es por ello que no es extraño que cuando  hacemos referencia al Movimiento Estudiantil Universitario tengamos que hablar sobre las diferentes expresiones de arte que se han dado en las manifestaciones y espacios de territorio recuperado dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.


Hacer un recorrido por lo que las y los estudiantes llaman el territorio recuperado de la universidad del pueblo, es caminar entre los murales que diferentes compañeros y compañeras han elaborado entre las plazas y edificios de la UNAH, es encontrarse en dichos murales con un par de ojos enmascarados representando uno de los lemas del MEU: “Nos tapamos el rostro para que vean corazones” y por desgracia es debido a la criminalización a la que el sector estudiantil se enfrenta cuando las autoridades universitarias logran identificarles, la capucha se ha convertido en esta coyuntura en el símbolo de lucha del estudiantado y en un grito de unidad vuelto propuesta.

Durante más de tres semanas los edificios en ciudad universitaria han sido recuperados por el sector estudiantil en una exigencia por la democratización en la UNAH, se han realizado diferentes conciertos a todas horas en las plazas, bajo edificios, en todo espacio donde la alegría es posible, las exigencias son cantos de esperanza de que “si nos organizamos podemos todo” y basta escuchar dicha consigna a un solo grito entre todas las asociaciones de carrera, asociaciones de facultad y movimientos estudiantiles independientes que aglutinan lo que es el MEU para contagiarse de la seguridad de la pronta victoria de las y los estudiantes.

La poesía también ha sido participe de las voces del estudiantado en estos momentos de enfrentamiento contra el autoritarismo de quienes mantenían secuestrada la casa de estudio del pueblo, dichas autoridades se muestran incapaces de doblegar a un movimiento estudiantil unido a nivel nacional que hace uso de pintura, colores, lápices, instrumentos musicales, tizas, papel, voces, unidad y alegría a pesar de las amenazas, intimidaciones y criminalización a la que hoy se enfrentan. 
 
 
“Amigo camisa blanca, sé que te mi capucha te espanta, pero con ella me identifico y mis ánimos se levantan.
Amigo camisa blanca, a mí no me ofende mi capucha, ella es símbolo de mi lucha, a  través de ella se me expreso y se me escucha.
Amigo camisa blanca, sé que quieres clases y yo también las quiero, pero tú piensas en tu educación primero, mientras yo pienso en el país entero.
Amigo camisa blanca, aprecio que respetes mi decisión, pero no voy a soltar ninguna instalación, hasta no lograr completarla misión: la derogación, la liberación y la participación.”