viernes, 23 de septiembre de 2016

COMUNICADO / IM-Defensoras lamenta fallecimiento de Gladys Lanza, histórica feminista y defensora de los derechos de las mujeres

LEER/DESCARGAR COMUNICADO: http://im-defensoras.org/?p=1426

Mesoamérica, 23 de septiembre de 2016 – Con profunda tristeza y consternación, las mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua articuladas en las distintas redes locales y nacionales que integran la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) lamentamos el fallecimiento, acaecido el pasado martes 20 de septiembre en Tegucigalpa, de nuestra compañera Gladys Lanza, histórica feminista y defensora de los derechos de las mujeres en Honduras.
Gladys Lanza ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del movimiento feminista de América Latina. Ha sido maestra, ejemplo y fuente de inspiración de diversas generaciones de feministas. Su incansable trabajo por los derechos humanos de las mujeres hondureñas, así como su compromiso con la esperanza colectiva de un futuro mejor para todos y todas, le ha valido el reconocimiento a nivel regional e internacional.
A lo largo de su trayectoria, Gladys también fue objeto de multitud de agresiones, desde atentados contra su vida o amenazas de muerte hasta el proceso de criminalización que le tocó vivir durante el último período de su vida. Pese a ello, nunca se rindió ni claudicó, manteniéndose firme en su compromiso y siempre consecuente con sus ideales. Incluso cuando hace unos meses, consecuencia del proceso de criminalización mencionado, un juez dictó pena de cárcel contra ella, Gladys expresó públicamente su determinación de ir a la cárcel antes que reconocer un delito que no había cometido.
La acusación surgió porque el Movimiento Visitación Padilla, organización que ella dirigía, defendió a una mujer víctima de acoso sexual y laboral por parte de Juan Carlos Reyes, ex director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural (Fundevi). Tras la denuncia el citado sujeto presentó una querella contra Gladys.
Para la IM-Defensoras, este proceso de criminalización es un ejemplo de como los Estados, los sistemas de justicia y otros poderes fácticos vulneran y penalizan de manera cruel e inhumana, hasta el ensañamiento, el derecho de las mujeres a alzar su voz y defender derechos. Según nos consta, este último proceso de judicialización, prolongado de manera arbitaria y acompañado de varios actos de hostigamiento, supuso una enorme presión emocional para Gladys y contribuyó de manera ostensible al deterioro de su salud, siendo uno de los factores que han propiciado el fatal desenlace. Cabe resaltar que Gladys ha muerto sin conocer la respuesta de la Corte Suprema de Justicia ante el recurso de casación contra la sentencia condenatoria presentado el 29 de abril de 2015.
En este sentido, el Comité contra la Tortura de la ONU ha afirmado que “la prolongación excesiva en la condición de inculpado, aún en el caso de no encontrarse privado de libertad, constituye una forma de trato cruel” (A/53/44). Mientras que la CIDH, en su reciente informe sobre criminalización reconoce que la judicialización es un medio para obstaculizar la labor de las defensoras.
Por ello, señalamos al Estado de Honduras como responsable de someter a Gladys Lanza a trato cruel e inhumano hasta el grado de propiciar su muerte, al sostener y prolongar innecesariamente un proceso judicial absurdo e infundado con el único objetivo de inhibir el derecho de Gladys y de todas las mujeres hondureñas a defender sus derechos. También le exigimos que cese de una vez por todas de criminalizar a las defensoras de derechos humanos y cumpla con su obligación de garantizar su protección y el libre ejercicio de su derecho a defender derechos.
Finalmente, desde la IM-Defensoras unimos nuestras voces y nuestros corazones para abrazar a las compañeras del Movimiento por la Paz Visitación Padilla, las “Chonas”, y para honrar, agradecer y celebrar la vida y el legado de una mujer irrepetible, cuyo ejemplo de lucha feminista ha sido, es y será una fuente de inspiración para las mujeres de Honduras y de toda América Latina.
¡Gracias, Gladys!
Tu legado feminista pervivirá y se renovará en cada mujer que alce su voz para exigir sus derechos y por la esperanza de un mundo mejor.

jueves, 22 de septiembre de 2016

¿Qué dice el informe “Situación de derechos humanos en Honduras” de la CIDH sobre las Defensoras y defensores de derechos humanos?

Defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de justicia



Durante la visita, la Comisión recibió información sobre la persistencia de ataques, amenazas, hostigamientos y presuntas criminalizaciones contra líderes y lideresas sociales, y defensoras y defensores de derechos humanos. Adicionalmente, continuó recibiendo información sobre los desafíos que enfrentan las y los operadores de justicia en el desempeño de sus labores.


a.      Defensoras y defensores de derechos humanos

 Violencia

Los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras son blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos, o bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas. El riesgo a perder la vida o padecer un daño a la integridad, ha ocasionado que un número importante de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras cuenten con medidas de protección otorgadas por parte de  la Comisión que requieren implementación por el Estado hondureño.

La Comisión observó con preocupación las cifras presentadas por el Comité de Familiares Desaparecidos en Honduras (COFADEH), según las cuales desde 2010 habrían 3064 criminalizaciones, como resultado del uso indebido del derecho penal para amedrentar a defensores y defensoras16. Según COFADEH, en los últimos 5 años, 14 defensores y defensoras de derechos humanos habrían sido asesinados siendo beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, entre las que se encontraría la medida MC 196-09 que tuteló a miles de personas en el marco del golpe de Estado en Honduras. En este sentido, la Comisión ha condenado públicamente los asesinatos de defensores de derechos humanos quienes serían beneficiarios de medidas cautelares, tales como Orlando Orellana en el año 201417 y Héctor Orlando Martínez en el año 201518. En ambos casos, en sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado manifestó que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida ha realizado varias diligencias, incluyendo diligencias administrativas y la ubicación de personas que pudieran tener conocimiento de los hechos para contribuir a esclarecer el móvil de sus muertes19. Asimismo, respecto a defensores y defensoras en general, habrían 22 asesinatos; 2 desapariciones; 15 secuestros; 88 casos de robos de información y 53 sabotajes a los vehículos donde se transportaban20.

En el transcurso de la visita organizaciones de la sociedad civil presentaron información a la Comisión sobre lo que describen como represión y persecución política de la que serían víctimas las defensoras y los defensores de derechos humanos en todo el país, en particular las y los defensores de comunidades y pueblos indígenas en relación con la defensa de su territorio (para mayor información ver sección de pueblos indígenas y afrodescendientes).

La CIDH también ha recibido información respecto a la situación de defensores de derechos humanos que se dedican a la protección de recursos naturales, quienes estarían siendo objeto de actos de violencia, hostigamiento y amenazas de muerte producto de su labor como defensores de derechos humanos del medio ambiente. En estas circunstancias, el 28 de septiembre de 2015, la Comisión Interamericana adoptó medidas cautelares a favor de Kevin Donaldo Ramírez y su familia, en vista que estarían enfrentando reiteradas amenazas y actos de violencia, a raíz de las actividades de Kevin Donaldo Ramírez como líder comunitario y ambientalista21.

La Comisión recibió asimismo información sobre el uso del derecho penal por parte de actores privados y/o estatales a través de tipos penales como “incitación a la violencia” para generar intimidación mediante la sujeción a procesos penales. Dichos problemas se agudizarían en lugares en los cuales existen conflictos por la propiedad de las tierras tales como la Ceiba y el Bajo Aguán, que fueron visitados por la Comisión. En este contexto, la CIDH ha dado seguimiento al presunto hostigamiento judicial en contra de la señora Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, quien lidera una campaña en defensa del río Gualcarque en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica.

Por otro lado, la Comisión recibió información sobre la situación de varios líderes sindicales que serían criminalizados u objeto de vigilancias y seguimientos tanto a sus personas como a sus núcleos familiares, con el objeto de amedrentar e inhibir su desempeño y como consecuencia lograr el desmantelamiento de las organizaciones sindicales, ello en el contexto de una supuesta precarización del empleo22. La Comisión recibió información de un líder sindical cuyo hijo de 18 años “estuvo desaparecido” fue “amarrado y luego tirado”. Otro sindicalista indicó que desconocidos ingresaron a su casa, golpearon a su esposa y a sus hijas y las dejaron amarradas. “Esta es una acción de terror y de miedo que están haciendo en todas las organizaciones sindicales para desmantelarlas”, indicó. En este contexto, la Central Nacional de Trabajadores de Campo (CNTC) enfrentaría el procesamiento de 78 de sus integrantes23.

Asimismo, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) han sido y continúan siendo víctimas de amenazas e incluso asesinatos, motivo por el cual la CIDH solicitó el otorgamiento  de medidas cautelares a su favor en el 201524. Mediante comunicado de prensa, la CIDH condenó el asesinato de Héctor Orlando Martínez, representante de SITRAUNAH, ocurrido el 17 de junio de 2015 en la comunidad de Piedra Parada, Monjará y urgió al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho, y en su caso, identificar y sancionar a los responsables25. El señor Martínez era beneficiario medidas cautelares solicitadas por la CIDH desde el 19 de mayo de 2015. Según la información recibida, el Sr. Martínez era objeto de amenazas y actos de hostigamiento con el fin de que abandone su trabajo como  líder sindical26. Asimismo, respecto a la situación que estarían enfrentando los miembros de SITRAUNAH, el 27 de mayo de 2015 la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares para Donatilo Jiménez Euceda, en vista que desde el 8 de abril de 2015 se desconocería el paradero o destino del líder sindical. En estas circunstancias, la Comisión fue informada que el ex Presidente de SITRAUNAH, seccional del CURAL, habría manifestado que su vida e integridad personal corría peligro durante el período antes de su presunta desaparición27.
En relación con las mujeres defensoras, cifras del 2012 indican que Honduras ocupó el segundo lugar por agresiones a defensoras de derechos humanos en la región que abarca México y Centroamérica, con 119 agresiones28. De estas agresiones, 95 fueron contra defensoras de la tierra y los bienes naturales29. Una defensora de derechos de las mujeres en La Ceiba afirmó a la CIDH “somos pocas y por eso estamos tan expuestas. Todos saben dónde encontrarnos”30. Otra manifestó “soy presidenta de la defensa de tierras, será por eso que a mí me mandan a amenazar?”31 Según la información recibida, el 62% de los perpetradores habrían sido agentes estatales, porcentaje seguido de empresas privadas32. La información recibida también indica que entre el 2002 y 2012 se reportaron más de 684 casos  de judicialización contra defensoras en 23 juzgados en 15 departamentos del país33.

Los defensores y defensoras de las personas LGBT también enfrentan un contexto  de violencia que se agrava por las actitudes estereotipadas y discriminatorias  contra este grupo. En el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la CIDH destacó la gran cantidad de información recibida sobre asesinatos, amenazas y criminalización de las actividades de defensores y defensoras de las personas LGBTI en Honduras34, así como sobre la ausencia de un enfoque diferenciado para la investigación de las violaciones de sus derechos humanos. Asimismo, en el informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, la CIDH constató la profundización de  la  discriminación y situación de riesgo en contra de miembros de la comunidad LGBT en Honduras35. La Comisión recibió múltiples denuncias sobre las violaciones de las cuales son objeto defensores y defensoras de los derechos de las personas LGBT quienes constantemente serían sometidos a agresiones y hostigamientos por parte de grupos que intentan hacer prevalecer una discriminación estructural en su  contra a través de la violencia, además —según se denunció— en varias ocasiones serían objeto de detenciones arbitrarias por parte de la policía nacional, presuntamente por atentar contra “la moral y las buenas costumbres”. Una mujer trans defensora indicó a la CIDH “en Honduras se criminaliza por el simple hecho de ser trans, por ser defensora, por ser parte de esta sociedad”. La CIDH nota con preocupación  que  la  gran  mayoría  de  medidas  cautelares  para  la  protección de defensoras y defensores LGBT adoptadas por esta Comisión buscan proteger la vida e integridad personas de defensoras y defensores LGBT en Honduras

lunes, 5 de septiembre de 2016

Hidrocarburos en Honduras, Shell y derechos humanos

Sambo Creek, 5 de septiembre del 2016.- En el año de 1920 se inició en honduras la exploración petrolífera, cuando la compañía Honduras Petroleum Company perforó dos pozos en las cercanías de Omoa.  Entre los años 60 y 80 del siglo pasado, 16 compañías efectuaron diferentes tipos de exploraciones, entre las que se encontraban TEXACO, Chevron, Shell,  y Union Oil. Los últimos trabajos de exploración fueron realizados por True Cambria entre 1989 a 1993 realizando perforaciones en la Moskitia.

En el año 2007, El Instituto de Geociencia Japex (IGJ) y la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) firmaron un acuerdo de cooperación para las exploraciones y posteriormente efectuaron un simposio en la ciudad de Houston, Texas, con el nombre de “Sí Hay Petróleo en Honduras¨, donde expusieron los resultados de los estudios elaborados por la compañía japonesa. El propósito del simposio era atraer compañías petroleras que invirtieran en la exploración y explotación
Posteriormente, Noruegan Petroleum Geo-Services (PGS), inició en el 2009 estudios sísmicos de 2,500 kms del fondo del mar en la plataforma continental, utilizando el barco Falcon Explorer. En marzo del mismo año el ministro de SERNA, Tomás vaquero informó que cuatro compañías tenían interés de explotar el petróleo en Honduras: CHEVRON, PEMEX, PETROBRAS y PDVSA.
Después del golpe de estado de junio de año  2009 y la posterior elecciones espurias efectuadas en noviembre del mismo año;  la licitación que se venía dando fue suspendida ante el cambio de actores políticos. Para algunos analistas, el golpe de estado fue suscitado entre otros motivos por los hidrocarburos y la pretensión de PETROBRAS y PDVSA en explotar los yacimientos en la plataforma marítima.
El 8 de febrero del 2011, la administración de Porfirio Lobo, vía decreto PCM-007-2011, suspendió todas las actividades de exploración de petróleo, argumentando que Honduras requiere de una nueva Ley de Hidrocarburos. Un año después apareció el otrora asesor presidencial Roberto Cáceres y actual Comisionado de los Derechos Humanos, en un programa de televisión anunciando el posible acuerdo con la Empresa Británica para la exploración y futura explotación de hidrocarburos en 35,000 km2 de la zona económica exclusiva frente a la Moskitia.
La Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) envió una nota a nuestra organización de fecha 5 de agosto del 2013, con el propósito de iniciar la supuesta socialización a la cual denominaron consulta. Previamente  el 27 de mayo del mismo año, SERNA hizo publico el contrato con BG, el que fue aprobado por el Congreso Nacional a matacaballo el 15 de agosto.
La compañía Shell adquirió a BG en febrero de 2016 por us $53 billones y para el pasado 15 de agosto, Shell anunció el inicio de las perforaciones en la plataforma continental, asumiendo el trabajo de exploración iniciado por BG.
La empresa angloholandesa Shell tiene una terrible reputación en materia de derechos humanos tras haber destruido el delta del río Niger, en Nigeria. Shell fue señalada como coopartícipe en el asesinato del poeta y lider Ogoni, Ken Saro Wiia, el que fue ejecutado por  la dictadura de Sani Abacha en 1995, con ocho compañeros Ogoni a instancias de la Shell. Además la compañía ha sido señalada por contribuir económicamente a grupos armados que se han dedicado al exterminio de opositores a la explotación petrolera.
El delta del Niger se ha convertido en un desastre ecológico sin igual, donde los derrames de petróleo crudo y la quema del gas natural en los pozos, han convertido un paraíso en un infierno. Hasta la fecha la Shell y otras empresas que explotan los hidrocarburos en Nigeria persisten en utilizar técnicas obsoletas. A pesar de ser ilegal la quema de gas, en el  2007 existían 117 lugares en el delta donde se continuaba con la destructiva técnica.
En el delta habitan mas 31 millón de personas, que no han recibido ningún beneficio de la explotación petrolera, más allá de la destrucción de su hábitat. Desde 1958 Shell ha venido explotando 50 campos de petróleo los que cuentan una red de 5,000 km de oleoductos. Como reacción a las atrocidades, los Ogoni respondieron creando un frente guerrillero denominado MEND, el que después de llegar a un pacto desmovilizó 15,000 combatientes en el año 2011.
La compañía que ahora veremos en Honduras dedicarse a la exploración en alta mar y en un futuro no muy lejano en tierra firme, ha dejado un legado de asesinatos, violaciones a los derechos humanos y destrucción ambiental en África. Teniendo en cuenta el actual régimen que “gobierna” a Honduras es de esperar que clonen en Centroamérica el desastre del Niger.
El poeta Ken Saro Wiwa antes de ser fusilado señaló: “La guerra ecológica que la Compañía ha librado en el delta será cuestionada tarde que temprano y crímenes de guerra que será debidamente sancionados”. Para el pueblo Garifuna, los cuales habitamos una de las trincheras del cambio climático, el arribo de Shell, se convierte en otra amenaza más de muerte para nuestro pueblo y  nuestra cultura.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

COPINH: HOY LUNES 5 DE SEPTIEMBRE – AUDIENCIA EN CONTRA DEL EX-ALCALDE DE INTIBUCÁ POR AUTORIZAR EL PROYECTO AGUA ZARCA

6 MESES
El COPINH informa a los movimientos sociales y la comunidad nacional e internacional que hoy, lunes 5 de septiembre de 2016, se llevará a cabo la audiencia inicial en contra el ex-Alcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez, por abuso de autoridad por haber autorizado el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca sin una consulta libre, previa, e informada al pueblo Lenca.
En 2011, el ex-alcalde Martiniano Domínguez, actuando al servicio de los intereses de la empresa DESA, otorgó el permiso de construcción al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en violación directa de la voluntad del pueblo Lenca de Río Blanco que expresó el rechazo total del proyecto y el derecho a que se realizase una consulta libre, previa, e informada, como requiere el Convenio 169 de la OIT.
El COPINH responsabiliza al ex-alcalde y los demás funcionarios que autorizaron de manera ilegal el desarrollo del Proyecto Agua Zarca por el daño enorme que el pueblo Lenca ha sufrido a causa de la imposición de este proyecto de muerte, que ha instalado un aparato de terror en la zona norte de Intibucá, causando graves destrucciones del río Gualcarque, los bosques y cultivos cercanos; así como agresiones y asesinatos, incluyendo el de nuestra coordinadora general Berta Cáceres.
En el año 2013, la jueza del juzgado primero de letras de Intibucá, en un acto servil a los intereses de las empresas y en específico de DESA, decretó nulidad absoluta de actuaciones en el caso en contra el entonces alcalde Domínguez. Sin embargo, se presentó una apelación a la decisión y, tres años después, la Corte de Apelaciones la declaró con lugar, procediendo a la formalización del proceso judicial con la audiencia inicial. Cabe mencionar que hoy Martiniano Domínguez sigue como funcionario público, es el primer regidor del Municipio de Intibucá.
El COPINH exige que este caso se maneje con la mayor transparencia y que haya justicia, que se decida por la verdad y no por los intereses del dinero y poder. Instamos a las organizaciones hermanas y a la comunidad nacional e internacional a estar pendientes de este caso así como del que se lleva en contra del ex viceministro de la SERNA Jonathan Laínez.
Exigimos que se respete el derecho fundamental del pueblo Lenca a la consulta libre, previa, e informada y que haya castigo para los funcionarios públicos que violan de manera flagrante este derecho y promueven la imposición de proyectos de muerte como el de DESA- Agua Zarca.
A mas de seis meses del asesinato de nuestra compañera Berta Isabel Cáceres Flores, seguimos exigiendo una comisión independiente para lograr el esclarecimiento del crimen tan vil en contra del pueblo Lenca y la cancelación definitiva del Proyecto Agua Zarca en el sagrado Río Gualcarque.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
Dado en La Esperanza a los 5 días del mes de septiembre del año 2016.

COPINH: COMUNICADO A 6 MESES DEL ASESINATO DE LA COORDINADORA GENERAL DE COPINH, BERTA CÁCERES FLORES.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras a 6 meses del asesinato de la Coordinadora General de COPINH comunica lo siguiente:


·         Con el asesinato de quien fungía como Coordinadora General de COPINH, miembra fundadora de esta organización, se ha cometido un crimen contra todo el pueblo Lenca que lucha por la construcción de su autonomía, por la defensa de la Madre Tierra, los bienes comunes de la naturaleza y por el respeto de nuestros derechos como pueblos indígenas.

·        Ante este crimen hemos reafirmado que continuaremos en la lucha beligerante contra los proyectos de muerte que de forma inconsulta se han instalado desde el Golpe militar del año 2009 y por ende sabemos que la compañera Berta Cáceres Flores no ha muerto, mientras no muera su lucha ni su proyecto político, que es esta organización.

·         La compañera Berta Cáceres, nuestra hermana, ha sido víctima de un Crimen de Estado ya que ella sufrió durante todo su ejercicio político la persecución de las autoridades hondureñas como fuerzas de seguridad y tribunales de justicia, la criminalización de su labor en la que también participaron empresas, como DESA, y bancos internacionales como FMO, BCIE y FINNFUND interesados en saquear nuestros Bienes Comunes y convertirlos en ganancia.

·         En estos 23 años de existencia de nuestra organización, este crimen  ha significado el golpe más grande para nuestro pueblo y es un intento para acabar con la lucha de COPINH que sigue sufriendo la estigmatización y criminalización por parte del Gobierno, las empresas nacionales y trasnacionales y las instituciones financieras internacionales.

·         Habiendo acompañado a Berta en su lucha, que es la de este pueblo, tenemos plena claridad en que la justicia no va a llegar por medio de esta institucionalidad corrupta, ineficiente y promotora del exterminio de los pueblos en resistencia, que esas detenciones no significan la justicia por su asesinato y que son un claro ejemplo de cómo se fabrica la impunidad en este país.

·         COPINH sigue demandando la creación de una Comisión Independiente de Investigación que nos permita conocer la verdad de este crimen y de la que el gobierno ha hecho oídos sordos.

·         Que COPINH desde hace varios años está exigiendo la salida del Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” del territorio Lenca que se instaló de manera inconsulta, al igual que 50 concesiones para hidroeléctricas y otros tantos megraproyectos eólicos que pretenden instalarse en nuestro territorio.
·         El pueblo Lenca lucha por una vida de paz por eso exigimos la desmilitarización de nuestros territorios ya que los militares, policías y fuerzas privadas de seguridad son los garantes de las inversiones privadas  a través de la violación a los derechos más elementales y de la siembra del miedo, el terror y la muerte.
·         Ante este asesinato el gobierno, las empresas y los bancos financiadores del terror y la muerte deben saber que COPINH va a  hacer un esfuerzo permanente por saber quiénes participaron en el hecho, que no crean los perpetradores que descansaremos en la búsqueda de Justica por nuestra hermana y que todos los atropellos que suframos por ejercer nuestra labor van a ser denunciados antes las autoridades internacionales.
·         El COPINH sabe que antes y después del Golpe de Estado de 2009 la violencia y atrocidades suceden gracias a la injerencia gringa, con su dinero e intervención como el mismo Golpe de Estado. La implantación del modelo extractivista se da por el empuje de la doctrina capitalista  gringa y  el asesinato de Berta hace parte de una estrategia clara de eliminar por la fuerza a cualquier tipo de oposición a ese modelo económico del que los gringos son el centro.
·         Denunciamos las campañas de criminalización a nuestra organización financiadas por DESA en la televisión nacional a la que se presenta a Gloria López,  persona que no representa a las mujeres lencas, que es un remedo de indígena digna y que estamos seguros está siendo utilizada por los empresarios hondureños para manipular la opinión pública y crear más conflictividades.
·         COPINH deja bien claro que justica ante esta enorme pérdida significa: encontrar a quienes la asesinaron, a quienes mandaron a asesinarla y denunciar la estructura criminal que permitió su asesinato. Significa que la labor de resistencia, de emancipación, de rebeldía del COPINH y del pueblo lenca se mantenga. Significa esa lucha incansable en contra de este sistema económico político, cultural que busca la eliminación de las comunidades, de su resistencias ancestrales y alternativas al despojo, explotación, racismo y exclusión.
·         Justicia es mantener viva la memoria de la vida de Berta, de sus convicciones, de lo que la llevó a ser la más grande lideresa del pueblo lenca y que es la historia de  resistencia de pueblo lenca. Justicia es decirles claramente a las empresas,  a los representantes del Estado y a todos los que entren a este territorio lenca que no se va a permitir el desarrollo de ningún tipo de proyecto, ni de acción, ni de actividad que pase por encima de la gente o que supongan la eliminación de nuestras voces. Es buscar el desarrollo de las comunidades y NO de empresas que se aprovechan de las comunidades, del desarrollo basado en las propuestas que surja desde nuestras necesidades.

 A 6 meses de este vil crimen el pueblo lenca sigue llorando esta pérdida para la lucha social en Honduras, sin embargo no olvidamos que su espíritu nos acompaña como una ancestra más que se suma a la resistencia milenaria del pueblo Lenca.
A 6 meses de este asesinato miles de voces se han alzado para exigir Justicia Para Berta y respaldar nuestras demandas, gesto que COPINH agradece profundamente a las comunidades, los movimientos sociales y populares y a la sociedad civil de todas la regiones del continente y del mundo. Como pueblo de lucha sabemos que la justicia llegará solamente por los esfuerzos del movimiento social y popular, y de la población consciente.

¡Berta no murió, se multiplicó!
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!


Dado en la Ciudad de La Esperanza a los 2 días del mes de septiembre del año 2016.

lunes, 29 de agosto de 2016

Tres años de impunidad por el asesinato de los 3 indígenas tolupanes

En el marco de la comemoración del asesinato de los 3 indígenas tolupanes Maria MATUTE, Armando Funez y Ricardo Soto, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia invita a las jornadas de lucha:
  • El día jueves 25 de agosto realizaremos un plantón y conferencia de prensa en las afueras del ministerio publico de San Pedro Sula, exigiremos cese la venta de nuestro territorio, justicia para 3 Indígenas Tolupanes asesinados en 2013 y respeto al derecho de decidir que tienen las comunidades.
  • El día viernes 26 de agosto realizaremos una movilización con el pueblo indígena Tolupan, el punto de encuentro es alas 9am en las instalaciones del instituto de conservación forestal en el municipio de Yoro.

[Hechos] Qué motiva estas jornadas y breve reseña de la lucha del pueblo tolupán. Continúa la impunidad a 3 años del asesinato de indígenas tolupanes


La tarde del domingo 25 de agosto de 2013 los sicarios Selvin Matute y Carlos Matute, gendarmes privados defensores de los intereses de las empresas mineras que clandestinamente extraen Antimonio en la tribu San Francisco de Locomapa, se dedicaron a disparar contra una manifestación de resistencia tribal que se desarrollaba en el caserío San Francisco Campo, en predios pertenecientes a la tribu tolupan. Las y los indígenas indefensos no opusieron resistencia, pero las balas asesinas acabaron con la vida de tres tolupanes.




Efectivamente, las vidas de María Enriqueta Soto, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto fueron brutalmente arrancadas para siempre. Se trata de tres indígenas tolupanes muy queridos en la tribu San Francisco de Locomapa, dos hombres y una mujer humildes cuyas vidas habían sido entregadas a los oprobios a que década tras década les condenaban los empresarios de la madera que han pasado por la zona con el visto bueno de las autoridades forestales de Honduras.
¿Cuáles fueron las razones de los asesinos para acabar con sus vidas? Negarse a continuar siendo explotados y humillados, negarse a continuar viendo como salen las riquezas naturales de la tribu sin que la población autóctona se beneficie plenamente de lo que es suyo. Por eso callaron sus voces, por eso aniquilaron sus cuerpos; pero sus clamores de justicia retumban en las montañas de San Francisco y en todo el pueblo Tolupán que grita en ellos y desde ellos pidiendo justicia para los más de 100 indígenas tolupanes asesinados sin que haya un solo asesino castigado por la ley.
El 25 de agosto de 2016 asistimos a 3 años de tan vil asesinato y la justicia no acaba de hacerse realidad. Los asesinos continúan en la zona desplazándose por la tribu San Francisco, amenazando y amedrentando a cuanto indígena humilde encuentran en su camino. Los carros cargados de broza de Antimonio continúan saliendo de la tribu y a pesar de que se trata de una explotación clandestina y que los vehículos que la transportan tienen que pasar forzosamente por dos postas policiales, éstas nunca se dan cuenta que se trata de una explotación ilícita que se realiza por mandato de empresarios criminales tan responsables del asesinato de tolupanes como lo son los sicarios Selim Eliezar Fúnez, conocido como Selvin Matute, y Carlos Varela Luque, también conocido como Carlos Matute.
Ante la actitud inoperante de los órganos de justicia de Honduras, más afines con los empresarios mineros y sus asesinos a sueldo antes que con las víctimas, el pueblo Tolupán, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia decidió pedir justicia en instancias de derecho internacional, principalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de Estados Americanos, OEA. Sólo actuando desde esta instancia es que el pueblo Tolupán ha podido avanzar, aunque sea lentamente, en el camino en procura de justicia. Aun así, el Estado de Honduras se muestra incapaz de castigar a los asesinos materiales e intelectuales demostrando que la justicia hondureña no ve por igual a indígenas tolupanes y a los empresarios y sus matones disfrazados de seguridad privada y otros epítetos sinónimos de asesinos con licencia para matar pobres.

Por una justicia que dignifique nuestros mártires

Ante la amenaza inminente de una masacre de mayores proporciones, la CIDH dispuso medidas cautelares en beneficio de 38 miembros de la comunidad indígena Tolupan de San Francisco, Locomapa, dictaminando, además, que 18 miembros de la tribu cumplían con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigida para el otorgamiento de Medidas Cautelares en el marco del asesinato de María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto.
Las medidas cautelares fueron solicitadas el 19 de noviembre del 2013 y, un mes después, el 19 de diciembre la CIDH emitió la resolución MC-416-13 en la cual expresa que los miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en el pueblo Tolupán, se encuentran en situación de gravedad y urgencia y dispuso al Estado de Honduras que:
A) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de 18 miembros del MADJ y sus familiares; B) concierne las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y C) que el Estado informe sobre acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares y así evitar la repetición de los mismos.
Ante la inoperancia y displicencia del Estado de Honduras, el MADJ informó a la CIDH el 15 de enero de 2014 la ausencia total de las acciones de parte del Estado para el cumplimiento de las mismas. Es así como el 16 de febrero de 2014, se les notifico de parte del MADJ tanto a la Procuraduría General de la Republica, Jefatura de Policía Nacional, Comisionado Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía Local de Yoro, que el 22 de febrero retornarían a sus comunidades parte de los beneficiarios, quienes habían tenido que migrar forzosamente después de la masacre del 25 de agosto 2013. Luego, tras el retorno de los compañeros, se firmó un acta en la que el Estado se comprometió a dar cumplimiento a las medidas ordenadas por la CIDH. Así mismo, se le ratificó que el hecho de firmar un acta no implicaba la implementación de las medidas si no se traducen en acciones orientadas a garantizar la vida e integridad de los beneficiarios.
Para el 18 de mayo de 2014 se programó una reunión de seguimiento a las medidas, la cual no se realizó porque desde la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad no hubo representantes asistentes a la misma. El 24 de abril en su informe el Estado presuntamente da respuesta a los requerimientos de la resolución de la CIDH de diciembre 2013, aduciendo que se “han realizado las coordinaciones y diligencias necesarias” a través de la Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad efecto de realizar el 22 de febrero de 2014 una gira con el carácter “con urgente” a la zona de Locomapa.
El MADJ en acción conjunta y solidaria con CEJIL dio respuesta a la CIDH de este informe del Estado, el cual fue portador de una serie de preocupaciones porque que el Estado de Honduras diera respuesta a la resolución que ordena las medidas cautelares dos meses después que se venciera el plazo para tal efecto. Es más, el Estado acepta que anteriormente no se habían consensuado ni implementado dichas medidas.
También, se reafirma que las gestiones emprendidas para darle cumplimiento al mandato de la CIDH fueron impulsadas de parte de los y las beneficiarias y representantes, organizando un evento público que convocó a distintas organizaciones de sociedad civil y autoridades estatales.
El 29 de mayo de 2014, el MADJ remitió a la Secretaría Seguridad una nota informando sobre el incremento de vulnerabilidad de las vidas y demás derechos fundamentales de los beneficiarios después del retorno 22 de febrero de los compañeros exiliados. A la vez se le recordó del compromiso que el Estado asumió en el evento público de respetar y garantizar la vida y los derechos de los beneficiarios, además demandamos mediante esa misiva el cumplimiento al mandato de la CIDH.
El 25 de julio de 2014, el MADJ se dirige nuevamente a la Secretaría de Seguridad del Estado, para recordar el incumplimiento de las medidas y especialmente a los compromisos adquiridos en las comunidades de Locomapa, que nunca fueron cumplidos y a la vez reclamar la complicidad de varios funcionarios públicos de la región con los asesinos del 25 de agosto de 2013.
El 13 de agosto de 2014 esta representación solicitó ante la CIDH un espacio de reunión en el marco del 153 periodo ordinario de sesiones de la comisión, mismo que se llevó a cabo del 25 de octubre al 7 de noviembre de ese año en Honduras. En el marco de esta visita de la Comisión Interamericana a Honduras, estuvimos en la reunión del 3 de diciembre en San Pedro Sula, donde se le expuso la situación de riesgo y vulnerabilidad de las personas beneficiarias de tales medidas, notificando además que a pesar de estar plenamente identificados los responsables del triple asesinato en 2013 el Estado es incapaz en hacer efectivas las ordenes de captura.
El 6 de enero de 2015, el MADJ solicitó nuevamente una reunión de trabajo con la CIDH en la que estuviera el Estado de Honduras durante su período de sesiones a realizarse del 16 al 20 de marzo del mismo año, con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo en el cual el Estado asumiera fehacientemente el compromiso de implementar las medidas de protección de las personas beneficiarias.
El 5 de abril de 2015, fue asesinado Luis de reyes Marcia, esposo de la beneficiaria Consuelo Soto, lo que condujo al MADJ a dirigirse nuevamente a la CIDH, reiterándole la urgente necesidad de que el Estado de Honduras asuma de manera inmediata, su obligación de proteger la vida y la integridad de los beneficiarios y de investigar, capturar, procesar sancionar a los presuntos responsables de la totalidad de los hechos que originaron las medidas. El 15 de abril se solicitó de manera urgente reunión con la abogada Sagrario Prudott, representante de la Secretaría de Seguridad para el 18 de mayo de 2015, con el propósito de consensuar y lograr la implementación de mecanismos de seguridad que garanticen a los beneficiarios sus derechos humanos. Pero resulta que a pesar de tratarse de una situación con carácter de urgencia y haber realizado las comunicaciones necesarias para lograr coordinar dicha reunión, la Secretaría de Seguridad no asistió a la misma.
El 26 de mayo de 2015, el MADJ presentó información adicional a la CIDH sobre el atentado que sufrió la beneficiaria Consuelo Soto el 22 del mismo mes, después de haber brindado declaraciones en el Ministerio Público con el fin de coadyuvar en la investigación del asesinato a su compañero de hogar.
El 22 de junio de 2015, se presentó información adicional a la CIDH sobre el asesinato del señor Erasimo Vieda el 18 de junio, que anteriormente había sido amenazado por los presuntos asesinos de Luis de Reyes, hecho producido a raíz del trabajo de delimitar el territorio del título ancestral.
El 23 de julio de 2015, se presentó a la CIDH las observaciones del MADJ al informe del Estado de Honduras en fecha 1 de julio de 2015 y a la vez se presentó información adicional relacionada a la situación de riesgo que enfrentan los beneficiarios de las medidas, asimismo, informar a la CIDH sobre la huelga de hambre que varios beneficiarios iniciaron frente a la casa presidencial el 30 de junio.
El 30 de septiembre de 2015, presentamos nuestras observaciones ante la CIDH de los informes del Estado de fechas 27 y 31 de agosto del mismo año, así como para informar sobre nuevos hechos relacionados con la situación de riesgo que viven en la zona los beneficiarios.
En el marco del 154 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2015, el MADJ participó nuevamente expresando preocupación ante la falta de una eficaz implementación de las Medidas Cautelares.
El 9 de mayo de 2016 el MADJ presenta sus observaciones al informe del Estado de Honduras de fecha 16 de marzo. Se manifestó como incoherencia de parte del Estado de Honduras de la relevancia de la reunión de monitoreo de las medidas el 1 de septiembre de 2015, aun a pesar de que esta representación en fechas posteriores haya aportado información actualizada sobre el estado actual de las medidas.
El 6 de julio de 2016 el MADJ presenta sus observaciones al más reciente informe del Estado de Honduras, de fecha 27 de abril de 2016, manifestando la preocupación de que el Estado no aporta información relevante para el esclarecimiento de los hechos que provocaron la adopción de las Medidas Cautelares.

La sed de justicia mueve a la lucha inclaudicable al pueblo Tolupán

Estos datos anteriores dejan al descubierto el historial de lentitud con que actúa el Estado de Honduras y sus organismos procuradores de justicia cuando se trata de dignificar las víctimas caídas por la acción de manos asesinas pagadas por empresarios corruptos. Lo poco que se ha podido avanzar se ha debido al involucramiento de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y, aun así, el Estado de Honduras muestra su negligencia, inoperancia e ineficacia en sus acciones.
Se demuestra que en estos 3 años transcurridos no sólo no se ha castigado a los asesinos de tolupanes de Locomapa sino que, más bien, se continúa asesinando indígenas, como aconteció el 5 de abril de 2015 con el asesinato de Luis de Reyes Marcía, el asesinato de Erásimo Vieda que tuvo lugar el 18 de junio de 2015 y el atentado criminal contra la indígena Consuelo Soto del que por suerte logró salir ilesa el 26 de mayo de 2015.
A 3 años de lucha inclaudicable y de todo tipo de acciones judiciales realizadas por el MADJ y el pueblo Tolupán se concluye que la justicia no acaba de llegar al pueblo Tolupán, no hay dignificación póstuma de los mártires, no existe resarcimiento de daños y perjuicios para los familiares de las víctimas, al mismo tiempo que el saqueo de los bienes naturales tribales continúa imparable a la vista de los controladores policiales del trasiego de este tipo de bienes.
A 3 años de esta vil masacre de tolupanes el MADJ denuncia nacional e internacionalmente al gobierno de Honduras como ente exterminador de pueblos originarios actuando en contubernio con empresarios locales y transnacionales entre los tolupanes y demás pueblos originarios a nivel nacional. Se denuncia la actitud complaciente de la Fiscalía Especial del Ambiente y del Ministerio del Ambiente, solapando a los empresarios mineros que de forma clandestina y sin cumplir las exigencias de la Ley General del Ambiente mantienen en explotación permanente los yacimientos de Antimonio en la tribu San Francisco de Locomapa.
Ante el sagrado panteón de los más de 100 mártires indígenas asesinados en las 31 tribus tolupanas y con ocasión del tercer aniversario del asesinato de nuestros hermanos y hermana indígenas de Locomapa, el MADJ convertido en sangre Tolupán derramada por hacer prevalecer la dignidad y la justicia en contra del saqueo y la corrupción, se compromete a luchar incansablemente hasta que sea saciada la sed de justicia del pueblo Tolupán yla dignidad se convierta en balandrán radiante como el sol que cobije a este pueblo que con dignidad y respeto es un pueblo hondureño porque es un genuino pueblo Tolupán.
Con Cicumba y con Enriqueta, con Armando y con Ricardo, con Luis Soto y con Vicente el compañero mártir presidente, el pueblo Tolupán camina ¡hasta la victoria, siempre!
¡Justicia para el pueblo Tolupán!
TERCER ANIVERSARIO MARTIRIAL Y HEROICO

CARTA A BERTA CACERES, MI MAMI...


Hace seis meses estaba viajando de México a Honduras con gran premura, el tiempo se había ralentizado. Tenía que encontrarme con Laura y Salva para poder despedirnos de sus manos y ojos.
La noticia de su asesinato tenía sentido. Días antes de eso estábamos escribiendo juntas el comunicado para denunciar la reactivación al otro lado del río Gualcarque del proyecto Agua Zarca. Le apostábamos a pararlo a través de la denuncia del papel cómplice de los bancos financiadores, eso sí, entendiendo que no había ninguna intención de hacerlo y conociendo la agresividad con la que opera DESA.
Nunca pude creer que usted no estaba, nunca lloré con dolor consumado, lloré de indignación de cómo el mundo había permitido su muerte, de qué seres perversos se habían atrevido a flagelar su cuerpo con balas, de saber que ya no tendría su voz.
Me dio miedo saber lo bien usted nos había preparado para esta noticia, de su confianza en que cuando su voz no estuviera iban a estar las nuestras, las miles para hablar por usted, para seguir gritando lo que siempre gritó: Justicia.
Buscar la justicia ha sido un camino tortuoso, de silencio, pero también un camino lleno de muchos brazos, manos y corazones que no dejarán que Berta Cáceres muera tan impunemente.
A seis meses nos indigna saber que seguimos pidiendo la participación de un Grupo Independiente de Investigación que nos permita saber la verdad de su crimen y que el gobierno golpista y dictatorial de “JOH” siga ignorando nuestra petición.
Nos indigna saber que DESA-Agua Zarca no tiene intensiones de parar el proyecto, que manda a su ingeniera Elsia Paz a los canales más grandes de Honduras para “blanquear” el nombre de la empresa.
Nos indigna el que los bancos como FMO no tienen intensiones de parar el financiamiento a ese proyecto de muerte y saber que siempre supieron lo que estaba pasando, que nunca les importó ni les importa lo que hemos padecido por culpa de su actitud colonialista y su dinero bañado en sangre.
Nos indigna ver la ineptitud de la institucionalidad hondureña en un “caso de prioridad nacional”.
Ahora frecuento una de sus canciones favoritas y me cala el corazón “… y aunque la noche se instala vuelve la luna, vuelve el amor”, ése era uno de sus principios. Usted vivió todas las adversidades posibles y nunca se detuvo y siempre sonrió, se llenó de satisfacción luchando hombro a hombro con su pueblo, haciendo revoluciones en su casa y en las calles.
Y ahora es lo que hacemos: Sonreír y luchar como guerreras, sin perder nunca la esperanza.
Hace seis meses supe que mis brazos, mis manos y mi voz también eran suyos. Hace seis meses le declaré la guerra a la muerte. A seis meses miles de voces han gritado: “Justicia para Berta”
Ese tres de marzo la perdí y me gané un montón de tías y tíos, de hermanos y hermanas.
Seguiremos luchando por usted con sus valores, con su fuerza, con su alegría, sin miedo: a Berta Cáceres no se la asesina.
A mí mami no la mataron y se jodieron los asesinos que querían matarla porque ella está acá, porque ella vive en cada uno y una de nosotras, que mientras sigamos luchando contra esa represa asesina, contra las represas, contra la privatización de los bosques y el oxígeno nosotros vamos a seguir de pie, nosotras vamos a seguir de pie y ahí va a vivir mi mami, ahí va a vivir Berta Cáceres.
Desde el amor cómplice de siempre: Cumpliremos, es una promesa.
¡Hasta la Victoria Siempre, Mami!
Bertha Zúniga Cáceres